Bonificación por personal investigador en España 2025: cómo obtener hasta un 50 % de reducción con los nuevos requisitos
La innovación además de una cuestión de ideas brillantes o tecnologías disruptivas, es una batalla por el talento. Para las empresas intensivas en conocimiento, el coste salarial de los equipos de ingeniería y desarrollo constituye una partida presupuestaria abultada y, paradójicamente, es la más necesaria. En este contexto, España mantiene un incentivo fiscal muy interesante, que debería servir para aligerar esta carga: la bonificación por personal investigador. Sin embargo, el terreno de juego ha cambiado. La entrada en vigor del RDL 1/2023 redefinió las reglas marcadas por el RD 475/2014, transformando lo que antes era una ayuda estructural casi automática en una herramienta quirúrgica diseñada para fomentar la contratación indefinida. Entender la letra pequeña de esta normativa es la vía para que tu dirección financiera pueda reducir el coste salarial de estos investigadores, pudiendo aplicar esta bonificación en la cotización en la Seguridad Social, que reduce la aportación por contingencias comunes entre un 40% y un 50%.
Aplicación de los incentivos en 2025
El mecanismo, en su esencia, parece sencillo, aunque su aplicación práctica requiere precisión. El Estado permite a las compañías bonificar la aportación empresarial por contingencias comunes de aquellos trabajadores dedicados en exclusiva a actividades de I+D+i. “Este ahorro se aplica directamente mes a mes en los seguros sociales, lo que supone un ahorro inmediato”, explica Pedro Valero, desarrollo de Negocio de Vector Horizonte. Hablamos de cientos de euros por nómina que, multiplicados por un equipo de desarrollo mediano, pueden financiar la contratación de un nuevo perfil senior o la adquisición de equipamiento crítico. Pero para 2025, la clave está en aplicar el incentivo y en maximizarlo, aprovechando las cláusulas de discriminación positiva que la normativa ha introducido para rejuvenecer, y equilibrar las plantillas tecnológicas.
Alcanzar ese deseado 50 % de reducción exige una planificación estratégica de los recursos humanos antes incluso de publicar la oferta de empleo. La norma establece un suelo del 40 % de bonificación para cualquier investigador elegible, pero premia con un 5 % adicional la contratación de menores de 30 años y suma otro 5 % si el perfil contratado es mujer. Estos porcentajes son acumulativos. Una empresa que incorpore a una ingeniera de 28 años para un proyecto de desarrollo de software o biotecnología no solo estará apostando por la diversidad y el talento joven, sino que estará activando una palanca fiscal que reduce a la mitad el coste de la aportación empresarial a la seguridad social por contingencias comunes. Es aquí donde los departamentos de RRHH y los responsables de innovación deben sentarse en la misma mesa para diseñar perfiles que, cumpliendo con la excelencia técnica, encajen también en esta arquitectura de incentivos.
Elegibilidad del personal investigador
La elegibilidad del personal es el primer filtro que separa el éxito de una contingencia fiscal. No todo perfil técnico es bonificable. La administración restringe este beneficio a los grupos de cotización del 1 al 4, lo que engloba a ingenieros, licenciados, alta dirección y ayudantes titulados. Se busca cualificación. Además, la naturaleza del vínculo laboral es innegociable: debe ser un contrato indefinido. Las épocas en las que se podían bonificar contratos por obra o temporales han quedado atrás para las nuevas contrataciones.
Otra cuestión limitante incluida por el RDL 1/2023 es que, ahora, la bonificación solo puede aplicarse si se solicita en el momento de la contratación indefinida del investigador. Antes se podía bonificar a cualquier empleado en el momento en el que pasara a tener dedicación exclusiva a I+D+i, sin embargo, a partir de la entrada en vigor de este RD, solo se pueden bonificar las nuevas contrataciones, y solo si se solicita en el momento de la contratación indefinida. Este aspecto es clave, ya que si no se solicita la bonificación en ese momento, se pierde la posibilidad de aprovechar este incentivo fiscal.
La dedicación en exclusividad del investigador
Quizás el punto más delicado y donde más errores se cometen es en la definición de la “exclusividad”. La ley exige que el investigador dedique el 100 % de su tiempo a la I+D+i, aunque introduce una flexibilidad pragmática. Se permite destinar hasta un 15 % de la jornada a tareas colaterales como la formación, la docencia, la divulgación científica o la gestión documental de los propios proyectos. Cualquier desviación por encima de ese porcentaje o la dedicación a tareas comerciales o de producción en serie invalida la bonificación. La carga de la prueba recae en la empresa, que debe ser capaz de demostrar mediante un sistema robusto de registro de horas y partes de trabajo que la actividad diaria del empleado encaja en las definiciones de investigación básica, aplicada o desarrollo experimental del artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
El marco temporal introducido por el RDL 1/2023 ha añadido una capa de complejidad que obliga a revisar las estrategias a largo plazo. A diferencia de la normativa anterior, que permitía bonificar sine die, el nuevo reglamento impone un límite de tres años máximo de bonificación por cada contrato incentivado. El contador se pone en marcha desde la fecha de alta. Esto significa que el incentivo actúa ahora como un impulsor de arranque para nuevas contrataciones, un subsidio inicial para integrar talento que, pasados esos 36 meses, se supone ya amortizado y productivo para la compañía. Es vital comprender que este beneficio aplica exclusivamente a las nuevas contrataciones indefinidas.
El Informe Motivado Vinculante
La gestión de la seguridad jurídica se vuelve crítica cuando el volumen de bonificaciones escala. La normativa establece un umbral de seguridad: cuando una empresa bonifica a diez o más investigadores durante tres meses o más en un mismo ejercicio, la autoliquidación ya no es suficiente. Se vuelve obligatorio someter la actividad a una certificación externa por una entidad acreditada por ENAC y obtener el Informe Motivado Vinculante (IMV) del Ministerio de Ciencia e Innovación. Aunque si se bonifican a menos de diez investigadores este trámite es opcional, la prudencia aconseja no descartarlo. Contar con un IMV blinda a la empresa ante futuras inspecciones, garantizando que la calificación de las actividades como I+D+i y la dedicación exclusiva a estas tareas ha sido validada por la administración y no será cuestionada a posteriori.
Integrar este incentivo con otras ayudas requiere una visión de conjunto. La bonificación en la cuota de la Seguridad Social es, por defecto, incompatible con la aplicación de la deducción fiscal por I+D+i para el mismo investigador, salvo que se disponga del sello de Pyme Innovadora. Esta incompatibilidad obliga a realizar simulaciones financieras precisas para determinar qué vía ofrece un mayor retorno neto. En muchos casos, la inmediatez de la liquidez mensual de la bonificación supera al beneficio diferido de la deducción en el Impuesto de Sociedades, pero cada caso es un ecosistema financiero único que debe analizarse al detalle.
Navegar este laberinto normativo en 2025 exige abandonar la improvisación. Las empresas que logran maximizar estos retornos ven la bonificación como una política corporativa. Mantienen descripciones de puesto de trabajo vivas y actualizadas, forman a sus equipos en el reporte de actividades y auditan internamente sus procesos antes de que lo haga la administración. “El ahorro del 50 % es real y accesible, pero está reservado para quienes combinan la excelencia tecnológica con la excelencia en la gestión”, concluye Valero.
En Vector Horizonte transformamos la complejidad normativa en ventaja competitiva. Si quieres auditar tu potencial de ahorro o necesitas certificar a tu equipo investigador sin riesgos, solicita hoy un diagnóstico preliminar de tu personal de I+D+i y asegura tu financiación para el próximo ejercicio.
0 Comentarios