La directiva Ómnibus reconfigura la sostenibilidad empresarial en Europa: alivio regulatorio y debate abierto
La aprobación por parte del Parlamento Europeo del paquete Ómnibus de simplificación en materia de información sobre sostenibilidad introduce un giro relevante en el marco normativo que afecta a las empresas que operan en la Unión Europea. La decisión, pendiente aún de ratificación formal por el Consejo y de su publicación en el Diario Oficial, redefine el equilibrio entre exigencias regulatorias, competitividad empresarial y seguridad jurídica en un momento de especial sensibilidad económica.
El acuerdo llega tras un proceso de negociación marcado por las advertencias de numerosos actores empresariales sobre la dificultad de asumir, en paralelo, nuevas obligaciones de reporte, diligencia debida y adaptación estratégica. El mensaje político sostiene que la sostenibilidad se mantiene como eje estructural del proyecto europeo, pero su despliegue normativo se ajusta para evitar efectos no deseados sobre la actividad económica.
“El paquete Ómnibus no supone una retirada del marco de sostenibilidad, pero sí un cambio en la forma en que Europa decide priorizar y secuenciar sus exigencias”, explica Paula Aragonés, responsable del área de Sostenibilidad en Vector Horizonte. “El legislador ha optado por concentrar esfuerzos donde considera que el impacto es mayor”.
CSRD: un perímetro más estrecho y más definido
Uno de los ajustes más significativos afecta a la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, la CSRD. El nuevo texto limita su aplicación a empresas con más de 1.000 empleados y un volumen de negocios neto superior a los 450 millones de euros. El cambio reduce de forma sustancial el número de compañías obligadas a reportar bajo este marco, dejando fuera a un amplio conjunto de organizaciones que ya habían iniciado procesos de adaptación.
La estimación comunitaria sitúa en torno a 8.500 las empresas que permanecerán dentro del ámbito de aplicación, lo que supone una reducción cercana al 80 o 90 por ciento respecto al planteamiento inicial. Las pymes cotizadas quedan excluidas y podrán acogerse, de forma voluntaria, al estándar VSME, concebido como una referencia menos exigente y más ajustada a su capacidad operativa.
Desde el punto de vista empresarial, este rediseño aporta claridad, aunque también obliga a replantear decisiones ya tomadas. “Muchas compañías habían invertido tiempo y recursos en prepararse para una CSRD mucho más amplia”, señala Aragonés. “Ahora se abre una etapa de reajuste en la que será clave decidir qué se mantiene como práctica interna y qué se redefine”.
La directiva introduce además cambios en la relación con la cadena de valor. Las empresas que no superen una media de 1.000 empleados durante el ejercicio podrán rechazar solicitudes de información en materia de sostenibilidad que excedan lo previsto en el estándar voluntario. Con esta medida, se pretende limitar el traslado indirecto de obligaciones desde grandes grupos hacia proveedores de menor tamaño.
La CSRD revisada será aplicable a partir de enero de 2027, un horizonte que ofrece margen temporal, pero que no elimina la necesidad de planificación anticipada para las empresas que continúan dentro del perímetro regulatorio.
CS3D: la diligencia debida se concentra en los grandes grupos
La revisión de la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial, la CS3D, es uno de los aspectos más controvertidos del paquete Ómnibus. El texto aprobado limita su alcance a grandes empresas de la Unión Europea con más de 5.000 empleados y un volumen de negocios anual neto superior a los 1.500 millones de euros, así como a compañías de terceros países que superen esos umbrales en el mercado comunitario.
Este enfoque responde a la voluntad de concentrar las obligaciones en actores con mayor capacidad de influencia sobre cadenas de suministro complejas. Sin embargo, diversas organizaciones especializadas en responsabilidad corporativa consideran que el nuevo perímetro reduce el alcance transformador de la norma y deja fuera a empresas con impactos relevantes en determinados sectores.
Entre las modificaciones más comentadas figura la supresión de la obligación de presentar planes de transición climática. Este cambio no elimina la responsabilidad climática de las empresas afectadas, pero sí reduce la carga documental asociada, en un momento en que muchas compañías reclamaban mayor claridad sobre el alcance real de estos planes y su encaje con otras exigencias regulatorias. “El debate no está tanto en si había que simplificar, sino en hasta dónde”, apunta Paula Aragonés. “Algunas modificaciones de la CS3D afectan a elementos que iban más allá del reporte y tenían que ver con la responsabilidad efectiva de las empresas en su cadena de valor”.
La aplicación de la CS3D se fija a partir del 26 de julio de 2029 para todas las empresas incluidas en su ámbito. El calendario, más amplio que en la CSRD, refleja la complejidad de los procesos de diligencia debida y la necesidad de integrar estos requisitos en la estrategia y en la gestión de riesgos a largo plazo.
Un marco más selectivo y un debate que continúa
El paquete Ómnibus incorpora una cláusula de revisión que permite ampliar en el futuro el alcance tanto de la CSRD como de la CS3D, en función de la evolución de los mercados y del contexto de sostenibilidad. Esta previsión introduce flexibilidad, pero también deja abierta la discusión sobre el rumbo regulatorio europeo en los próximos años.
“El mensaje para las empresas es que el marco se ha ajustado, no cerrado”, subraya Aragonés. “Quien interprete esta reforma como un punto final con mucha probabilidad, se encontrará con nuevas exigencias más adelante”.
El texto final entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. A partir de ese momento, los Estados miembros dispondrán de doce meses para transponer la CSRD y hasta el 26 de julio de 2028 para la CS3D. El modo en que cada país realice esa transposición será determinante para el grado real de exigencia al que se enfrenten las empresas.
Para las organizaciones que quedan dentro de los nuevos umbrales, el escenario exige una lectura estratégica inmediata: revisar su posición regulatoria, ajustar sistemas de reporte y diligencia debida, y redefinir su enfoque de sostenibilidad con criterios de coherencia y eficiencia. Actuar ahora permite ganar margen de maniobra en un entorno que, aunque simplificado, sigue siendo exigente.
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