El desafío de la Ley 9/2025: cómo el Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo redefine la competitividad empresarial
La movilidad corporativa trasciende el aspecto logístico y se convierte, en la actualidad, en un eje vertebrador de la descarbonización. Con la reciente aprobación de la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, la estrategia para las grandes organizaciones en España ha cambiado de forma definitiva. Lo que antes se gestionaba bajo el paraguas de la responsabilidad social voluntaria ahora adquiere rango de imperativo legal, exigiendo una capacidad de respuesta técnica que muchas estructuras corporativas aún están diseñando.
El núcleo de esta normativa se centra en el despliegue de los Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST). El legislador ha marcado una fecha límite en el calendario: el 5 de diciembre de 2027. Para ese entonces, cualquier centro de trabajo que albergue a más de 200 personas, o 100 por turno, deberá haber articulado una estrategia sólida para transformar el modo en que su capital humano se desplaza cada día. Esta obligación afecta por igual a empresas privadas y a entidades del sector público, vinculando la operatividad diaria con los objetivos nacionales de reducción de emisiones.
La anatomía de un PMST, más allá del cumplimiento normativo
Un Plan de Movilidad puede ser el fruto inicial una declaración de intenciones, pero no puedes olvidar que debe ir acompañado de un diagnóstico de precisión. El primer paso que exige la Ley 9/2025 es una radiografía exhaustiva de los hábitos de transporte de la plantilla. Hablamos de analizar flujos de origen y destino, tiempos de desplazamiento y la huella de carbono asociada a cada kilómetro recorrido. “Este análisis permite identificar las ineficiencias de un modelo basado tradicionalmente en el vehículo privado de combustión” renoce Paula Aragonés, responsable del área de Sostenibilidad.
Una vez trazado el mapa de situación, la norma obliga a implementar medidas que prioricen la movilidad activa, como caminar o el uso de la bicicleta, y el fomento del transporte público. Aquí entra en juego la creatividad en la gestión de infraestructuras: desde la instalación de aparcamientos seguros para bicicletas y estaciones de carga eléctrica, hasta el diseño de lanzaderas de empresa o plataformas de vehículo compartido. “La complejidad estriba no solo en la medida técnica, sino en la capacidad de integrarlas en la cultura organizacional” subraya Paula Aragonés.
El proceso requiere, por mandato legal, un ejercicio de diálogo social. La negociación con la representación legal de los trabajadores asegura que el plan no sea una imposición unidireccional, sino un pacto de convivencia que equilibre la sostenibilidad con el bienestar y la flexibilidad laboral. Además, la ley impone un rigor analítico constante mediante informes de seguimiento bianuales que evalúen si los objetivos de reducción de emisiones se están cumpliendo realmente o si el plan necesita una reorientación estratégica.
La movilidad aspecto clave del Alcance 3 y los criterios ESG
Para las empresas que operan bajo los estándares de excelencia de los criterios ESG (Environmental, Social, and Governance), esta ley debería leerse como una herramienta de precisión para su estrategia de descarbonización. Los desplazamientos pendulares de los empleados, el trayecto casa-trabajo, forman una parte sustancial de las emisiones indirectas de una compañía, integradas en el denominado Alcance 3.
En la actualidad, muchas organizaciones centran sus esfuerzos en la eficiencia energética de sus equipos industriales o en la optimización de sus procesos productivos. Sin embargo, la coherencia climática exige ahora mirar hacia el exterior, hacia esa marea humana que se mueve cada mañana hacia sus instalaciones. Un stakeholder cualificado, ya sea un inversor, un socio estratégico o incluso, los propios empleados, valoran hoy la integridad de la estrategia de sostenibilidad. “No tiene sentido presumir de una planta de producción cero emisiones si el acceso a la misma genera un cuello de botella de vehículos de combustión altamente contaminantes” subraya Aragonés.
La transición energética ha dejado de ser una narrativa aspiracional para convertirse en un balance contable. Aquellas organizaciones que logren adelantarse al plazo de 2027 y presenten Planes de Movilidad robustos estarán enviando una señal inequívoca al mercado: el control total sobre su impacto ambiental y una gestión avanzada de los riesgos regulatorios.
El papel de la innovación en la gestión de los PMST
El éxito de estos planes se subordina, en gran medida, por la tecnología y la capacidad de procesar datos en tiempo real. La movilidad sostenible moderna se apoya en soluciones de smart mobility que permiten a las empresas monitorizar el ahorro de CO2 conseguido a través de incentivos al transporte compartido o el teletrabajo.
En Vector Horizonte entendemos que el cumplimiento de la Ley 9/2025 es una oportunidad para rediseñar la relación entre la empresa y su entorno urbano o interurbano.
Además de cumplir con un expediente ante el órgano competente, se lidera un cambio de paradigma donde la eficiencia logística y el compromiso ambiental queda alineado.
La ley es el marco, pero la ambición la pone cada organización. Convertir el cumplimiento legal en un motor de innovación es lo que diferencia a las empresas que simplemente sobreviven a la normativa de aquellas que definen el futuro de su sector.
¿Tu organización está preparada para el horizonte de 2027? En Vector Horizonte transformamos la obligación legal de la Ley 9/2025 en un activo para tu sostenibilidad y posicionamiento ESG. El área de Sostenibilidad, te acompaña en el diagnóstico, la negociación y la implementación de tu Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo con una metodología experta y enfocada a resultados.
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