Tax Lease: 7 cuestiones que tu empresa debería tener en cuenta al firmar una operación de financiación de I+D+i
Recibir una propuesta para financiar un proyecto de I+D+i mediante una estructura de Tax Lease puede abrir una vía de financiación alternativa para una empresa que necesita recursos para desarrollar proyectos de I+D+i. Sin embargo, conocer el porcentaje de financiación que ofrece una operación es insuficiente para valorar si realmente resulta conveniente.
En las estructuras habituales de Tax Lease en España, una Agrupación de Interés Económico (AIE) permite articular la participación de inversores que pueden aprovechar determinados incentivos fiscales a la I+D+i generados por la actividad de la agrupación. La empresa que ejecuta materialmente el proyecto recibe una contraprestación económica por los trabajos realizados, conforme a los acuerdos establecidos entre las partes.
Esta fórmula puede facilitar el acceso a recursos financieros sin recurrir a una ampliación de capital o a un préstamo bancario convencional. Sin embargo, detrás de la operación existen compromisos societarios, contratos, condiciones económicas y responsabilidades que conviene conocer antes de firmar.
Este artículo, nos permitirá conocer los aspectos más relevantes para comprender el fondo de estas operaciones, a que tipo de empresas puede ayudar, y conocer los posibles riesgos de la operación.
La cuestión, por tanto, se centra no sólo en cuánto dinero puede obtener una empresa mediante el Tax Lease, sino en cómo se articula esa financiación, qué condiciones la acompañan y qué consecuencias puede tener para su actividad y sus resultados.
Estas son siete cuestiones que conviene resolver antes de comprometer un proyecto de I+D+i en una operación de este tipo.
1. ¿Quién participa realmente en la operación y qué responsabilidad asume cada parte?
Para valorar adecuadamente la operación, se necesita identificar a todos los participantes y comprender qué función desempeña cada uno.
En una estructura habitual intervienen la AIE, los inversores que participan en ella, la empresa que ejecuta materialmente el proyecto y las entidades o profesionales que intervienen en su estructuración, certificación y asesoramiento.
Cada participante tiene una posición jurídica y económica diferente:
La AIE constituye el vehículo societario de la operación.
Los Inversores aportan recursos económicos que financian parcialmente el proyecto, y participan de los incentivos fiscales que les correspondan: Bases Imponibles Negativas y deducciones fiscales por I+D+i de la operación.
El desarrollador es la empresa ejecutante que realiza materialmente el proyecto y los trabajos de investigación. desarrollo o innovación conforme a los acuerdos establecidos a cambio de obtener una contrapartida económica parcial de sus costes directos en el proyecto. Es decir, actua como una subcontratación técnica, que actura íntegramente estos costes a la AIE, sabiendo que a cambio recibe un pago parcial de dicha factura, y que la parte no pagada de la misma, se articula mediante un préstamo participativo que realiza a la propia AIE.
El Estructurador es la figura que se encarga de articular jurídica y fiscalmente la operación, busca inversores para cada proyecto, establece la rentabilidad al Desarrollador y al Inversor, y se encarga de realizar por sí mismo, o con colaboradores la certificación exante y expost del proyecto, así como la obtención de Informes Motivados del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades.
Esta distribución de funciones debe quedar reflejada en la documentación contractual: Contrato de prestación de servicios entre la AIE y el Desarrollador, Contrato de préstamo participativo del desarrollador a favor de la AIE, Contrato de opción de compra y opción de venta de las participaciones de la AIE, etc.
El Desarrollador y el Inversor deberían conocer quién toma las decisiones dentro de la AIE, quién supervisa la ejecución del proyecto, quién controla los desembolsos y qué capacidad tiene cada participante para modificar las condiciones inicialmente pactadas.
Antes de firmar, conviene revisar la composición de la agrupación, sus estatutos, los contratos, los compromisos de sus socios y el alcance de las responsabilidades que cada parte asume.
2. ¿Cuánto dinero recibirá realmente la empresa y cuándo estará disponible?
Desde la perspectiva del Desarrollador, una de las cuestiones más importantes al evaluar una propuesta de Tax Lease es distinguir entre el incentivo fiscal que genera el proyecto, el ahorro tributario que puede obtener el inversor y la financiación que finalmente recibe la empresa ejecutante. Son magnitudes diferentes y no deben confundirse.
La deducción fiscal constituye uno de los elementos económicos que permiten estructurar la operación, pero no equivale automáticamente al importe que llegará a la tesorería de la empresa. Los inversores recibirán una rentabilidad a sus aportaciones mediante la aplicación de las bases imponibles negativas asociadas al proyecto y a los costes de estructuración, así como por las deducciones fiscales por I+D/iT asociadas a los costes directos afectos a estas actividades en el proyecto.
La financiación efectiva dependerá de lo pactado con el estructurador, que es quien articula las aportaciones de los inversores, las condiciones de la estructura, los costes asociados y de la contraprestación pactada por los trabajos realizados con el desarrollador.
Por eso, la dirección financiera debería solicitar un desglose económico que detalle las aportaciones comprometidas por los inversores y el calendario previsto para recibirlas. Todo ello debe permitir identificar con claridad la contraprestación que recibirá la empresa ejecutante y las condiciones que deberá cumplir para percibirla.
3. ¿Qué ocurre si el proyecto cambia durante su ejecución?
Los proyectos de I+D+i no siempre evolucionan según la planificación inicial. Un ensayo puede requerir nuevas pruebas, un prototipo industrial puede enfrentarse a dificultades técnicas o una investigación puede conducir a resultados distintos de los esperados.
Estas circunstancias forman parte de la actividad investigadora, pero pueden tener consecuencias económicas cuando existe una operación de financiación vinculada a un presupuesto y a unos hitos de ejecución.
Si el gasto efectivamente realizado resulta inferior al previsto, la base de deducción puede reducirse. Esta circunstancia afectará a la rentabilidad fiscal esperada por los inversores y a las condiciones económicas de la operación.
Sin embargo, el ajuste de las aportaciones o de los desembolsos no se produce automáticamente. Dependerá de cómo se hayan definido las obligaciones de cada participante y de los mecanismos previstos en los contratos.
Por eso, conviene que la documentación establezca qué sucede cuando aparecen desviaciones presupuestarias, se modifican las actividades inicialmente previstas o se producen retrasos que afectan al calendario de ejecución. La empresa necesita contar con un procedimiento de seguimiento que permita adaptar la operación a la evolución real de la investigación sin perder la trazabilidad de los trabajos y de los recursos empleados.
Un aspecto especialmente relevante es distinguir entre una desviación presupuestaria y un cambio en la naturaleza de las actividades. No todos los gastos inicialmente previstos conservarán necesariamente su consideración fiscal si se modifica el alcance del proyecto o las tareas realizadas.
Todas estas circunstancias se deben comunicar al Estructurador, ya que afectan a los incentivos fiscales previstos a generar en sede de la AIE, por ello, se debe procedimientar qué información técnica y económica debe facilitar la empresa y en qué circunstancias será necesario formalizar modificaciones contractuales.
4. ¿Quién conserva la propiedad de los resultados de la investigación?
Para un desarrollador de proyectos de I+D+i como pueda ser una empresa tecnológica, biotecnológica o industrial, los resultados de un proyecto de I+D+i pueden representar una parte importante de su valor empresarial. Una nueva patente, un proceso de fabricación, un desarrollo de software o un conocimiento técnico pueden condicionar su competitividad durante años.
Por eso, cuando una operación de Tax Lease incorpora una AIE y una empresa externa que ejecuta materialmente el proyecto, la titularidad y los derechos de explotación de los resultados deben formar parte de la negociación desde el principio.
No debe darse por supuesto que la empresa que desarrolla materialmente la investigación conserva automáticamente todos los derechos sobre sus resultados. Tampoco implica que la participación de los inversores en la AIE suponga que estos adquieran la propiedad de la tecnología desarrollada.
La respuesta depende de la estructura jurídica de la operación y de los contratos que regulan la relación entre sus participantes.
Antes de firmar, la empresa debería aclarar:
- Quién ostenta la titularidad jurídica de los resultados durante la ejecución del proyecto.
- Qué derechos conserva la empresa ejecutante sobre los conocimientos y tecnologías que ya poseía antes de comenzar la investigación.
- Cómo se articula la adquisición, transmisión o cesión de los resultados una vez finalizados los trabajos.
- Qué derechos de acceso, utilización y explotación comercial tendrá la empresa.
- Qué sucede si el proyecto se interrumpe, no alcanza los resultados previstos o la operación de financiación no llega a completarse.
También es importante regular la confidencialidad, el uso de información técnica y la protección de los resultados susceptibles de generar patentes u otros derechos de propiedad industrial e intelectual.
Una cláusula ambigua en este ámbito puede tener consecuencias mucho más allá de la operación financiera. Puede condicionar la comercialización de una tecnología, la firma de acuerdos con terceros o una futura operación de inversión.
5. ¿Quién responde si Hacienda cuestiona la operación?
La posibilidad de que la Administración tributaria revise una operación de Tax Lease obliga a prestar atención al reparto de responsabilidades entre los participantes.
No todas las contingencias tienen el mismo origen ni afectan necesariamente a las mismas partes. Una comprobación puede cuestionar la realidad de determinados gastos, su vinculación con el proyecto, la base de deducción declarada o la propia estructura de la operación.
En estos supuestos, las consecuencias tributarias dependerán de la posición de cada entidad, de los hechos acreditados y de las obligaciones que establezca la normativa. Los contratos pueden regular las relaciones internas entre los participantes, pero no eliminan las responsabilidades que legalmente puedan exigirse a cada uno.
La empresa ejecutante debe prestar especial atención a las obligaciones relacionadas con la realidad de los trabajos, los recursos empleados, la facturación y la información económica facilitada a la AIE. Por su parte, la estructuración de la operación, la gestión societaria y las decisiones adoptadas por la agrupación también deben contar con responsables claramente identificados.
Conviene revisar especialmente:
- Las declaraciones y garantías sobre la realidad de los gastos y la ejecución del proyecto.
- Las obligaciones de colaboración ante una comprobación tributaria.
- Las cláusulas de indemnidad y los supuestos en los que se aplican.
- Los mecanismos de devolución de cantidades o clawback.
- La distribución de los costes de asesoramiento y defensa jurídica.
- Los límites y condiciones de las responsabilidades asumidas por cada parte.
Las cláusulas de clawback merecen una atención especial. Pueden establecer la devolución de cantidades cuando se producen determinadas contingencias, pero es necesario identificar qué situaciones activan ese mecanismo, cómo se calcula el importe y quién debe asumirlo.
6. ¿Qué señales deberían hacerte revisar una propuesta de Tax Lease?
Antes de aceptar una propuesta de Tax Lease, conviene examinar con detenimiento cómo se justifican los importes, qué operaciones financieras se realizan y qué responsabilidades asume cada participante. Una facturación que no se corresponde con los costes reales del proyecto, los movimientos de fondos que aparentan pagos sin responder a operaciones económicas efectivas o una rentabilidad que no se explica con claridad son aspectos que merecen una revisión.
También es importante comprobar que los contratos delimitan las obligaciones de cada parte, contemplan las posibles contingencias fiscales y establecen cómo se actuaría ante cambios en la ejecución del proyecto. La falta de seguimiento técnico y económico, o la presión para firmar sin disponer de toda la documentación, son motivos adicionales para detenerse y analizar la propuesta.
Una operación bien estructurada debe permitir seguir el recorrido de los fondos, justificar los gastos y acreditar que las actividades de I+D+i se han realizado efectivamente. La documentación contractual debe guardar correspondencia con la realidad económica y técnica del proyecto.
7. ¿Qué debería revisar tu empresa antes de firmar?
Una vez identificados los participantes, las condiciones económicas y los riesgos asociados, llega el momento de comprobar que la documentación contractual recoge adecuadamente los compromisos de cada parte.
La revisión no debería limitarse a leer el contrato principal. En una operación de Tax Lease pueden intervenir distintos documentos que regulan aspectos societarios, económicos, técnicos y fiscales. Su contenido debe ser coherente y no dejar cuestiones relevantes sin resolver.
Antes de firmar, conviene disponer de una documentación que permita verificar los siguientes puntos:
| Área de revisión | Qué conviene comprobar |
| Estructura societaria | Identidad de los socios de la AIE, estatutos, administradores y régimen de funcionamiento. |
| Modelo económico | Aportaciones, costes, contraprestación, calendario de pagos y financiación neta. |
| Contratos | Acuerdos de ejecución, prestación de servicios, adquisición de resultados, préstamo participativo, opción de compra y venta de participaciones de la AIE, y demás compromisos aplicables. |
| Propiedad intelectual e industrial | Titularidad, derechos de uso, explotación y tratamiento del conocimiento previo. |
| Ejecución del proyecto | Presupuesto, hitos, seguimiento de gastos y mecanismos para gestionar desviaciones. |
| Riesgos fiscales | Garantías, responsabilidades, indemnizaciones y condiciones de devolución de cantidades. |
| Justificación técnica | Sistema de seguimiento, evidencias de ejecución, certificación e Informe Motivado Vinculante cuando corresponda. |
Hay un último aspecto que merece una explicación específica: la relación entre la certificación técnica y el Informe Motivado Vinculante.
La certificación de un proyecto de I+D+i puede realizarse a través de una entidad de certificación acreditada por ENAC. Por su parte, el Informe Motivado Vinculante lo emite el órgano administrativo competente, conforme al procedimiento establecido.
Al final, la seguridad de una operación no depende de acumular informes o contratos, sino de que todos ellos describan una misma realidad técnica, económica y jurídica.
Financiar la innovación también exige saber qué se está firmando
El Tax Lease puede ser una herramienta interesante para empresas que desarrollan proyectos de I+D+i y necesitan financiación para llevarlos adelante. Permite articular la participación de inversores que pueden aprovechar los incentivos fiscales generados por una AIE, mientras la empresa ejecutante obtiene una contraprestación económica por los trabajos realizados.
Nuestro consejo es que antes de firmar, conviene analizar la operación en su conjunto. La estructura societaria, los flujos económicos, la ejecución técnica y las condiciones fiscales deben responder a una misma lógica y estar respaldados por operaciones reales y debidamente documentadas.
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